Orizaba, Ver.- En vísperas del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en América Latina, activistas destacaron que, a pesar de los avances legales en varias entidades federativas, la criminalización a nivel federal y el estigma social continúan siendo obstáculos severos que impiden a las mujeres acceder a este derecho de manera efectiva y segura.En entrevista Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas, denunció que las promotoras de la libertad de decidir son frecuentemente estigmatizadas y señaladas socialmente. «Cuando estamos en alguna actividad, al pasar nos ven con mucho recelo, algunos hasta como si estuviéramos leprosas o algo así, y se alejan. Eso es parte del estigma social que todavía tiene el aborto”.Detalló que la actividad, que incluyó una encuesta pública en redes sociales para medir la percepción social y la distribución de trípticos con testimonios reales, tiene como objetivo principal impulsar la «despenalización social» del aborto. «La misma palabra en sí misma le espanta a mucha población. Queremos que la gente reflexione sobre las diversas razones que pueden llevar a una mujer a interrumpir un embarazo; todas son válidas para nosotras», explicó Reyes Huerta.Detalló que el punto central de la exigencia actual es una petición conjunta con la organización Abortistas MX dirigida al Congreso de la Unión, con el objetivo de exigir que el tipo legal de aborto sea eliminado del Código Penal Federal. «Es una de las justificantes que muchas instituciones de salud pública federal señalan. Nos dicen: ‘Sí, en tu código estatal ya está despenalizado, pero en el federal no. Yo soy una institución federal y me rijo por el Código Penal Federal, entonces niegan el servicio'».Aseguró que esta contradicción legal, «ha permeado en muchas usuarias de la interrupción, aun cuando estén en estados donde ya está despenalizado o se ha permitido», creando un vacío que vulnera los derechos de las mujeres.Finalmente dijo que con estas acciones, las colectivas buscan no solo un cambio en la ley, sino una transformación cultural que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos sin ser criminalizadas por el Estado ni juzgadas por la sociedad.