Orizaba, Ver.- De acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2020 en el país había 356 mujeres privadas de la libertad en situación de embarazo y/o en periodo de lactancia (57.3 por ciento) y 384 que tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
En base a esto, la problemática de los menores que viven con sus padres en los Centros de Reinserción Social (Cereso) es preocupante pues se violentan sus derechos humanos (DDHH) de educación y salud, de ahí que Jesús Alberto Pérez García, egresado de la primera generación de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional (MDHJC) de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolló un protocolo para la separación gradual y paulatina de niñas y niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios de Veracruz.
Cabe decir que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece que las hijas e hijos de mujeres/varones reclusos podrán permanecer con ellos hasta que hayan cumplido tres años de edad, aunque el plazo puede ampliarse mediante petición al juez de ejecución, quien resolverá velando el interés superior de la niñez.
De acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 se expone que en relación a los menores que viven en los centros penitenciarios federales y estatales, el censo reporta que a nivel nacional eran 392, el 50.5 por ciento eran niños y el 49.5 por ciento eran niñas. Del total, 43.4 por ciento tenían menos de un año.
Se explicó que por entidades, el Estado de México ocupa el primer lugar, con 63 menores que permanecieron con sus madres privadas de la libertad; le siguen la Ciudad de México con 49; Veracruz con 27; Guerrero con 26; Hidalgo con 25; Tamaulipas con 25 y Jalisco con 20.
Al respecto, Jesús Alberto Pérez comentó: “Las dificultades que enfrentan los hijos e hijas de las madres recluidas y ellas mismas son similares, ambos tienen que buscar el respeto a sus DDHH de educación y salud”.
Sin embargo, apuntó que para los menores existe un grado mayor de vulnerabilidad, específicamente cuando cumplen la edad límite para permanecer en el centro penitenciario, pues deben afrontar la separación de su progenitora y la inserción –abrupta-, a ámbitos desconocidos para ellos.
Ante la situación de indefensión que la población infantil vive en los Ceresos especialmente de Veracruz, Jesús Alberto Pérez desarrolló el proyecto de intervención jurídica “El derecho a la separación gradual y paulatina de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de Reinserción Social de Veracruz”.
“A través de este trabajo busco la generación de un protocolo para la separación gradual y paulatina de los menores que viven con sus padres y madres en estos lugares, en los que se priorice garantizar el respeto a su salud mental que hasta ahora ha quedado a la deriva”.
Si bien estos centros tienen protocolos al interior que buscan la protección de la salud mental, no así para su atención cuando salen del lugar. El desapego, sin una intervención adecuada, puede provocar una desestabilidad emocional muy fuerte en los menores, por ello la importancia de salvaguardar este derecho.
A partir de que el menor cumple tres años de edad, los centros ya no se hacen responsables de ellos, aunque ya están acostumbrados a habitar un lugar cerrado, tener un pase de lista y horas específicas para la comida, así como espacios pequeños para la recreación.
“No hay autoridad que se preocupe para que el menor sea reinsertado en su núcleo familiar de una manera correcta. La madre puede permitir que salga, pero los sonidos de los animales y de los vehículos, todo eso es nuevo, lo que puede provocar en los niños una crisis emocional.”
El universitario mencionó que no existe un protocolo a nivel nacional para atender de manera integral la separación gradual y paulatina. El Estado y autoridades no se han preocupado por reinsertar socialmente al menor de edad con su nueva familia, con la que crecerá, “no se han preocupado por la salud mental de esta población infantil”.
Por ello, con el protocolo desarrollado busca garantizar y proteger a los niños y las niñas, ya que no sólo tiene una visión jurídica, sino una visión multi e interdisciplinaria pues trabajó con psicólogos, psiquiatras y pediatras para establecer las rutas y acciones de protección al derecho a la salud mental.
“Se aplicará a un niño que vive en un Cereso y meses antes de que cumpla tres años de edad se le preparará para la separación de sus padres y tenga una buena reinserción social; no queremos que el protocolo violente algún derecho humano, sino que apoye a la familia receptora.
”La tarea fue ardua porque Veracruz cuenta con 17 Ceresos y ser una población cautiva y estática hizo difícil encontrar un justiciable, por temor a represalias por parte del Estado, haciéndola una tarea complicada.”
Enfatizó que es necesario romper con el paradigma de ver a la niñez y a la adolescencia como objetos de derecho, cuando deberían ser sujetos de derecho y hacer prevalecer el interés superior de la niñez.
Por último, Jesús Alberto Pérez dijo que tiene el interés de publicar el protocolo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, a fin de que el proyecto se convierta en una política estatal y sea reproducido por otras entidades federativas.