Municipios de las Altas Montañas entre los que registran más embarazos en niñas en Veracruz


Orizaba, Ver.– Municipios de la región de las Altas Montañas figuran entre los que registran mayor número de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años en el estado de Veracruz, una problemática que organizaciones civiles advierten debe entenderse como una consecuencia directa de la violencia sexual.

De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en nacimientos en niñas de 10 a 14 años, con 472 casos registrados durante 2025, solo por debajo de Chiapas, Estado de México y Puebla.

En la distribución municipal de estos casos destacan San Andrés Tuxtla, con 25 nacimientos, seguido por La Perla, con 14, lo que coloca a este municipio de la región de las Altas Montañas en el segundo lugar estatal.

También aparecen Camerino Z. Mendoza, Soledad Atzompa y Veracruz puerto, con 11 casos cada uno, mientras que Coscomatepec y Xalapa reportan 10 nacimientos. Otros municipios como Las Choapas, Jalacingo y Tres Valles registran tres casos cada uno.

Integrantes de la organización Equifonía A.C. señalaron que estas cifras evidencian una problemática estructural que afecta a niñas en todo el estado. Incluso advierten que en los 212 municipios de Veracruz se ha registrado al menos un caso de embarazo infantil. Además, señalaron que al menos 218 de los casos analizados involucran a hombres de entre 18 y 59 años, lo que confirma que la mayoría de estos embarazos están vinculados con agresores adultos.

Durante 2025 también se reportaron 325 atenciones médicas a niñas por lesiones derivadas de violencia sexual, lo que refuerza la relación entre este tipo de agresiones y el embarazo infantil.

Las defensoras explicaron que existen protocolos claros de actuación que obligan al personal de salud a notificar de inmediato a las fiscalías y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando se detecta un caso de violencia sexual. Sin embargo, los registros muestran que muchas niñas llegan hasta el parto sin que se activen mecanismos de protección.

Pese a que la ley permite la interrupción del embarazo en casos de violación, los datos muestran que muy pocas niñas logran acceder a este derecho.

Información obtenida vía transparencia indica que entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de octubre de 2025 solo 37 niñas menores de 15 años accedieron a una interrupción voluntaria del embarazo tras una violación sexual; de ese total: 16 casos ocurrieron en 2023 y 11 en 2024, 10 en 2025 (hasta la fecha de corte).

Las interrupciones se realizaron en 15 municipios, encabezados por Xalapa con 13 casos, Veracruz con seis y Martínez de la Torre con cuatro. Otros municipios con registros son Poza Rica y Río Blanco, con dos casos cada uno, mientras que Cerro Azul, Oluta, Perote, San Andrés Tuxtla, Boca del Río, Coatepec, Cosamaloapan, Tezonapa, Tlapacoyan y Tuxpan reportaron un caso respectivamente.

De forma paralela, el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud reporta 1,681 consultas prenatales de primera vez a embarazadas menores de 15 años en Veracruz entre 2023 y octubre de 2025; de ese total: 626 se registraron en 2023, 802 en 2024 y 453 entre enero y octubre de 2025

Para las organizaciones, estas cifras evidencian que muchos embarazos infantiles continúan sin ser atendidos desde una perspectiva de protección y justicia.

Además de las fallas institucionales, Equifonía advierte que el problema también está ligado a patrones culturales que normalizan relaciones entre niñas y hombres adultos, especialmente en algunas comunidades. “En algunas comunidades se normaliza que una niña tenga una relación con un hombre mayor o que ‘ya se haya juntado’. Pero eso es un delito”, subrayó Fuentes.

Esta normalización provoca que familias y comunidades no denuncien, lo que perpetúa la violencia, por lo que organizaciones y defensoras de derechos humanos insistieron en la necesidad de reconocer el embarazo infantil como una consecuencia directa de la violencia sexual, a fin de visibilizar la problemática y exigir respuestas institucionales.

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