Orizaba, Ver.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará el próximo jueves 30 de enero una audiencia histórica en la que juzgará a México por el asesinato de doña Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de la Sierra de Zongolica.De acuerdo con Elizabeth Guevara Mitzi integrante de Kalli Luz Marina A.C. dicha audiencia tendrá lugar en San José Costa Rica y en ella la Corte Interamericana juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. Integrantes de los colectivos: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C.; Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. (CESEM); Kalli Luz Marina A.C.; Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI); Robert F. Kennedy Human Rights; Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, han asegurado que el caso de doña Ernestina revela una compleja trama de violencia sexual, tortura, discriminación racial y omisiones estatales que culminó con su trágica muerte en 2007, pues según las acusaciones, miembros del Ejército Mexicano perpetraron actos atroces contra ella, incluyendo violencia sexual, y posteriormente negaron la atención médica necesaria para salvar su vida.La Corte también analizará la discriminación racial feminicida sufrida por doña Ernestina, quien fue víctima de un sistema de justicia que invisibilizó su testimonio y obstaculizó la búsqueda de justicia por parte de su familia, pues las autoridades mexicanas, lejos de garantizar sus derechos, intentaron silenciar su voz y la de sus familiares, demostrando una profunda desatención hacia las mujeres indígenas y sus comunidades.Detallaron que la audiencia, que se transmitirá en vivo por los canales oficiales de la Corte IDH, representando un hito en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas en México y en América Latina, por lo que se espera que la sentencia de la Corte marque un precedente importante para combatir la impunidad y la violencia de género en la región.