Tras destitución de mandos policiacos en Orizaba, exigen investigaciones y castigos ejemplares por abuso de poder

Orizaba, Ver.- La reciente destitución de dos exfuncionarias de alto rango en la Policía Municipal de Orizaba, identificadas como Norma y Xóchitl, ha encendido la alarma entre organismos civiles y defensores de derechos humanos, quienes exigen investigaciones profundas y sanciones ejemplares ante las graves acusaciones de abuso de poder, corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos laborales.De acuerdo con denuncias documentadas por Ángel García Gómez, representante de la Capellanía Armada Mundial de Paz en México, las exmandos incurrieron en prácticas autoritarias como la imposición arbitraria de ascensos y degradaciones, solicitando cuotas económicas a cambio, además de desvío de recursos públicos por medio de cobros indebidos para reparaciones de patrullas aseguradas y la alteración de facturas.“Era una estructura basada en el miedo y la corrupción”, declaró García Gómez, quien aseguró haber recibido decenas de testimonios tanto de agentes activos como retirados, evidenciando un patrón de abusos que se habría extendido desde 2022. Entre las denuncias también se reportan represalias contra elementos que se opusieron a las órdenes de las exfuncionarias, incluyendo humillaciones públicas, sanciones injustificadas y un presunto fraude institucional por refacciones inexistentes.Los testimonios coinciden en que ambas exfuncionarias actuaban con total impunidad, presumiendo respaldo de altos mandos del gobierno municipal, lo cual agravó la situación y extendió el clima de hostigamiento dentro de la corporación.Ante estos hechos, García Gómez hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para que no permitan que el caso quede impune. “Si un mando actúa como intocable, ¿qué esperanza le queda a un policía raso?”, cuestionó.Asimismo, se informó que un exagente prepara una carta formal detallando los abusos sufridos, mientras una de las destituidas estaría intentando deslindarse de las acusaciones culpando a terceros, por lo que advierten que la remoción del cargo no es suficiente y exigen justicia real, así como medidas estructurales que erradiquen la corrupción dentro de instituciones que, por su naturaleza, deben proteger a la ciudadanía.