Río Blanco, Ver.- Empresarios e industriales de la región centro del estado encendieron las alarmas ante lo que califican como una estrategia de «asfixia regulatoria» y fines recaudatorios por parte de diversos ayuntamientos de la zona.
De acuerdo con los mandos empresariales, dependencias clave como las coordinaciones municipales de Protección Civil han desvirtuado su función preventiva para convertirse en entes de sanción y cobro discrecional.
En entrevista, representantes del sector productivo, quienes solicitaron el resguardo de su identidad por temor a represalias administrativas, denunciaron que la dilatación deliberada en la entrega de permisos, cambios de uso de suelo y anuencias de funcionamiento busca orillar a los establecimientos al incumplimiento para, posteriormente, aplicar multas severas o solicitar aportaciones irregulares a cambio de expedición.
Los líderes patronales señalaron que, si bien reconocen la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad industrial y comercial para giros de bajo y mediano riesgo, existe un evidente doble rasero en la gestión pública local.
«Existe un marcado contraste entre el rigor punitivo que se le aplica a una empresa generadora de empleo y la permisividad de las propias autoridades ante deficiencias de infraestructura urbana, como vialidades destrozadas, falta de alumbrado o zanjas abiertas por meses que representan un peligro real para la ciudadanía», puntualizó uno de los asistentes a la reunión.Asimismo, precisaron que este tipo de facultades sancionadoras han derivado en esquemas de presión que obstaculizan tanto el libre funcionamiento de los establecimientos como la circulación del transporte de carga en la región de Orizaba, Córdoba y municipios conurbados.
Otro de los puntos críticos expuestos radica en el manejo de los planes de desarrollo urbano. Los empresarios denunciaron reordenamientos territoriales arbitrarios que afectan a predios e instalaciones industriales con décadas de operación continua.Según expusieron, predios destinados históricamente a la expansión fabril han sufrido modificaciones en sus normativas de suelo sin sustento técnico, lo que obliga a las empresas a reiniciar trámites costosos y someterse a negociaciones complejas con los cabildos municipales.Esta parálisis administrativa, advirtieron, ocurre en un momento económico delicado para la zona de las Altas Montañas, donde el cierre reciente de empresas emblemáticas en municipios como Córdoba deja en evidencia el impacto negativo que genera la falta de certezas jurídicas para la inversión y la preservación del empleo formal.
