*Tienen un plazo de 3 años para proceder
Xalapa, Ver.- Si los diputados locales rechazan el informe general entregado el pasado 30 de septiembre, lo único que provocarán será una incertidumbre jurídica en estos casos, pues dependerá del tiempo que tarden en aprobarla y se podría dejar sin sancionar a quienes cometieron faltas no graves, señaló la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior Delia González Cobos.
“Pero no creo que el tiempo tenga que agotarse para eso, dependerá de lo que ellos decidan”.
Lo anterior en referencia al anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien dijo que votará en contra del Informe de la Cuenta Pública 2021, poniendo en tela de juicio la labor del Órgano de Fiscalización.
Sobre de ello, la titular del Orfis expuso que la no recepción de documentos no era una sorpresa para los diputados que integran la Comisión de Vigilancia, “los diputados con los que estuvimos trabajando estaban perfectamente enterados de las situaciones que se habían presentado en esta revisión y en todos los foros y a todas las preguntas que me hicieron yo respondí que había una problemática que se estaba presentando en esta revisión”
Agregó que: “por lo tanto si ellos consideran que ahora debe extenderse el plazo o que deba revisarse nuevamente, ellos nos instruirán”.
Insistió en que los fiscalizadores fueron “escrupulosos” con la revisión de las cuentas públicas 2021, por lo que respetarán si el pleno del Congreso del Estado no valida los informes entregados a la Comisión de Vigilancia.
Al respecto, señaló que, si bien no se aceptaron algunos documentos a funcionarios o exfuncionarios municipales para validar acciones u obras públicas, esto se debe a que no cumplían con los requisitos o no estaban certificados.
Ante la posibilidad de que el pleno discuta los informes esta semana, González Cobos señaló que en caso de que los diputados locales opten por no votar a favor de la Cuenta Pública 2021 se estaría ante el riesgo de prescripción de posibles sanciones en faltas no graves, que tienen un plazo de 3 años para proceder.