Orizaba, Ver.- La revisión del último año de las administraciones municipales 2022-2025 dejó bajo observación más de 435 millones de pesos en 22 municipios de la zona Córdoba-Orizaba y Altas Montañas, de acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).Los expedientes revisados muestran que los señalamientos no corresponden a un solo tipo de irregularidad.
El organismo fiscalizador documentó casos relacionados con recursos pendientes de comprobar, diferencias contables, pagos sin documentación suficiente, aplicación de recursos en conceptos no autorizados y diversas inconsistencias detectadas durante las auditorías a la obra pública.
Los resultados de la Cuenta Pública 2025 muestran observaciones millonarias tanto en municipios de la zona Orizaba-Córdoba como en localidades de la Sierra de Zongolica y del corredor de las Altas Montañas.Uno de los expedientes que sobresale en la región corresponde a Ixhuatlancillo, donde la administración encabezada por Fernando Ochoa Vergara registra observaciones por 25 millones 460 mil 712.02 pesos.
En La Perla, el monto observado asciende a 10 millones 382 mil 830.53 pesos, principalmente relacionado con la revisión de obra pública. También aparecen Atzacan, con 14 millones 406 mil 957.21 pesos, y Tlaquilpa, con 10 millones 627 mil 459.31 pesos, dentro de los expedientes regionales con montos relevantes.En Tequila, el ORFIS reportó observaciones por 22 millones 624 mil 569.80 pesos, relacionadas, entre otros aspectos, con obras sin concluir, falta de permisos y dificultades para acreditar la propiedad de terrenos. Zongolica acumula 12 millones 440 mil 494.01 pesos, con señalamientos que incluyen deficiencias en obras, pagos en exceso, volúmenes no ejecutados y falta de permisos y licencias.En Camerino Z. Mendoza, la administración encabezada por el entonces alcalde Héctor Rodríguez Cortés registra observaciones por 5 millones 160 mil 374.62 pesos, mientras que Acultzingo registra 6 millones 591 mil 678.95 pesos. En Nogales, el monto observado es de 3 millones 401 mil 460.32 pesos, con señalamientos que incluyen pagos vinculados con volúmenes de obra que no habrían sido ejecutados.La lista regional también contempla a Rafael Delgado, con 3 millones 409 mil 621.47 pesos; Tlilapan, con 3 millones 38 mil 308.77 pesos; Huiloapan de Cuauhtémoc, con 3 millones 440 mil 196.24 pesos; Aquila, con 2 millones 527 mil 819.14 pesos, y Maltrata, con 2 millones 143 mil 390.20 pesos.Otros expedientes corresponden a Magdalena, con 7 millones 138 mil 435.57 pesos; Texhuacán, con 5 millones 26 mil 306.40; Astacinga, con 4 millones 94 mil 158.78; Córdoba, con 541 mil 72.14; Los Reyes, con 486 mil 502; Mariano Escobedo, con 334 mil 16.04; Chocamán, con 273 mil 565.48; Fortín, con 208 mil 667, y San Andrés Tenejapan, con 168 mil 707.01 pesos.Al conjunto de municipios de la zona centro observados se suman los de la región de Córdoba, en este grupo aparecen algunos de los montos más elevados de toda la zona. Coscomatepec registra observaciones por 69 millones 280 mil 259.79 pesos; Ixhuatlán del Café, por 56 millones 952 mil 771.73; Atoyac, por 50 millones 162 mil 422.60, y Omealca, por 47 millones 292 mil 724.86 pesos.También figuran Mixtla de Altamirano, con 35 millones 627 mil 447.44 pesos; Tehuipango, con 34 millones 897 mil 236.73; Tezonapa, con 15 millones 155 mil 130.96; Alpatláhuac, con 13 millones 91 mil 125.57; Calcahualco, con 12 millones 543 mil 496.93; Amatlán de los Reyes, con 10 millones 536 mil 525.77; Coetzala, con 6 millones 512 mil 772.67; Cuichapa, con 2 millones 27 mil 990.14; Cuitláhuac, con un millón 285 mil 205.66; y Fortín, con 208 mil 667 pesos.Los montos reportados por el órgano fiscalizador no significan automáticamente que exista una responsabilidad definitiva o que los funcionarios deban reintegrar esas cantidades, sino que se trata de observaciones derivadas de las auditorías. Los responsables de los entes fiscalizables tienen la posibilidad de presentar documentación, aclaraciones y elementos probatorios durante las etapas correspondientes del procedimiento. En caso de que las observaciones no sean solventadas, el proceso puede avanzar hacia la determinación de responsabilidades y las acciones que correspondan conforme a la legislación.A nivel estatal, el ORFIS reportó 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos de probable daño patrimonial, de los cuales 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos corresponden a 181 municipios. La fiscalización incluyó auditorías financieras-presupuestales, técnicas a la obra pública y otras revisiones sobre el ejercicio de los recursos.