Orizaba, Ver.- La decisión de Juan Manuel Diez de no dar declaraciones a los medios de comunicación y brindar la información a través de la red oficial del Ayuntamiento va demasiado lejos de ser incluyente e informativa de las necesidades de la ciudad, por lo que raya en la locura del emperador, señaló el analista político Canek Arenzano Altaif.
Consideró que es un acto grave de censura, sobre todo porque no se quiere escuchar la opinión de los orizabeños “y ojalá no se vea replicado en otros lugares, por ahí se dieron comentarios de que vamos a estar peor que en las mañaneras y qué tanto critica Diez Francos, y esto es peor porque por lo menos en esas conferencias matutinas se encuentra la prensa cuestionando al presidente de la república, pero lo que pasa en Orizaba rasga en la locura del emperador”.
Señaló que la ruptura propiciada por el presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, con los medios de comunicación es una muestra de terrible distanciamiento que hay entre el funcionario con los ciudadanos, al pretender replicar movimientos como el de los nazis en dónde se regían por una dictadura y sólo se emitían comunicados, y eso debía a la intolerancia de las críticas a su modo de gobernar autoritario.
“Hemos visto como el presidente municipal se ha vuelto más autoritario de lo que de por sí ya era, hoy es el momento más álgido de ese distanciamiento, distanciamiento del alcalde y la sociedad que votó por él, hoy es más grande y ancha la brecha de la comunicación entre funcionario y la ciudadanía los medios de comunicación escrita, digital, y supongo que la radio”.
Señaló que este tipo de actos se parece mucho a los tiempos de los nazis porque únicamente comunicaban las presuntas buenas acciones, de sus campañas, de lo bien que iban, de lo correcto que hacían bien las cosas, “por eso es incorrecto, porque el mensaje es que sólo lo que él dice es verdad, excluyendo cualquier crítica o señalamiento basada en la percepción que se tiene, hay que recordar que en las redes sociales también se publican denuncias de la mala actuación o violación a los Derechos Humanos que cometen los funcionarios».