Ixtaczoquitlán, Ver.- Un proyecto que prometía mejorar las condiciones de vida de las familias de la congregación Buenavista terminó convertido en un caso de incumplimiento por parte de la Fundación Holcim México, dejando obras inconclusas y deudas que tuvieron que ser cubiertas por familias de escasos recursos.
De acuerdo con habitantes afectados, la intervención de la fundación, ahora bajo la representación de Estela Muñoz Lorenzo, no respetó los compromisos establecidos en cuanto a materiales, recursos económicos y tiempos de ejecución, situación que contrasta con administraciones anteriores, donde aseguran no se habían registrado irregularidades.
El proyecto, gestionado el año pasado por el Comité de Agua de Buenavista, contemplaba la entrega de 30 toneladas de cemento, block, varilla, arena y apoyo económico para cubrir parte de la mano de obra, mientras que la comunidad aportaría trabajo mediante faenas.
Sin embargo, tras los cambios internos en la fundación, únicamente se entregaron 19 toneladas de cemento, una cantidad incompleta de block y apenas 18 mil pesos en recursos, lo que provocó el retraso y abandono de la obra.
Como consecuencia, al menos cinco familias tuvieron que asumir los costos pendientes: cuatro de ellas aportaron 1,250 pesos cada una, mientras que otra desembolsó hasta 9 mil pesos para cubrir pagos a albañiles. A esto se suma la pérdida de 54 bultos de cemento que se endurecieron tras permanecer meses sin utilizarse.
Las obras inconclusas incluyen una barda perimetral y una cisterna destinada a mejorar la administración del agua en la comunidad, infraestructura que hoy permanece a medias dentro del Centro de Desarrollo Comunitario.
Los afectados señalaron que, además del daño económico, persiste la incertidumbre ante la falta de respuesta de directivos de la fundación, a quienes exigen intervenir para cumplir con el proyecto originalmente aprobado.
Mientras tanto, los restos del material echado a perder y las deudas adquiridas por las familias se han convertido en evidencia del incumplimiento que, aseguran, vulnera directamente a una comunidad que confió en un programa de apoyo social.