Orizaba, Ver.- A más de un año de su detención en el estado de Quintana Roo, la familia y el círculo cercano del médico orizabeño Hugo Murillo intensificaron su exigencia de justicia y un debido proceso. De acuerdo con los promoventes de la campaña #JusticiaParaHugoMurillo, el profesional de la salud permanece bajo prisión preventiva ajustado a un procedimiento plagado de anomalías procesales, dilación probatoria y un evidente móvil de despojo patrimonial por parte de la denunciante.
El caso, que ha causado indignación en la comunidad médica tanto de Veracruz como de Quintana Roo, comenzó a gestarse hace seis años, cuando el especialista conoció en su consultorio a una mujer gestante en situación de vulnerabilidad.
Tras una serie de abandonos temporales de dos menores por parte de la madre biológica, Murillo asumió el cuidado y manutención de los niños, llegando a registrar formalmente a uno de ellos bajo los procedimientos correspondientes.
Los allegados al especialista señalaron que, tras más de cinco años de ausencia, la progenitora reapareció en 2024 para interponer una acusación por un delito grave en materia de integridad personal contra el menor reconocido.
Sin embargo, la defensa legal y los familiares afirman que las circunstancias que rodearon el arresto ocurrido el 7 de julio de 2024 presentaron serias violaciones a los derechos humanos y garantías individuales. «La aprehensión se ejecutó bajo la figura de una supuesta falta administrativa o desacato fuera de marco legal. Al momento del arresto, de forma irregular se le retiraron las llaves de su inmueble, vehículos y pertenencias personales para ser entregadas directamente a la denunciante», expusieron familiares del galeno.
Tres días después de dicha intervención, las autoridades judiciales formalizaron la imputación penal. Durante los meses posteriores, mientras el médico permanecía en prisión preventiva, la denunciante tomó posesión de la residencia del especialista por casi un año, tiempo en el que presuntamente comercializó de manera ilícita la camioneta del médico, enseres domésticos y un automóvil propiedad de un tercero, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado trámite a las querellas por despojo y robo.
A las barreras institucionales en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo se sumó la mala praxis de la primera defensa privada del imputado, la cual incurrió en omisiones graves y cobros excesivos sin interponer las acciones de combate pertinentes.Detallaron que actualmente, la nueva representación legal enfrenta sistemáticos diferimientos de audiencias y trabas burocráticas para la incorporación de peritajes clave en psicología e investigación de campo, herramientas indispensables para desestimar la acusación y evidenciar la fabricación de delitos con fines económicos.Familiares, colegas y pacientes del Dr. Hugo Murillo recalcaron que su exigencia ante los juzgados de control y el Consejo de la Judicatura no busca impunidad ni tratos preferenciales, sino una revisión imparcial de las pruebas, el cese a la prisión preventiva prolongada y el estricto apego al plazo razonable de juzgamiento que establece la Constitución.
