Orizaba, Ver.- Después de casi un mes de reuniones, bloqueos y movilizaciones en distintas carreteras del país, los sectores del transporte de carga y el agro lograron avances importantes en sus demandas, informaron sus representantes tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno de México.En entrevista David Estévez Gamboa, dirigente de la Unión Nacional Transportista AC (ANTAC), explicó que uno de los temas prioritarios tratados fue la inseguridad en carreteras federales, que afecta tanto a operadores de carga como a la población que transita por motivos laborales, recreativos o personales. Destacó el compromiso de las autoridades de reforzar la vigilancia y la atención en estos tramos.El líder transportista denunció también prácticas irregulares de algunas corporaciones estatales, que mediante retenes y revisiones indebidas extorsionan a los conductores. Señaló que los casos más críticos se concentran en San Blas, Nayarit, y San Roberto, Nuevo León, donde los operadores son retenidos en supuestas “casas de seguridad” hasta obtener pagos ilegales.Otro punto relevante fue la condición de la infraestructura vial, considerada deteriorada por el abandono acumulado durante los últimos dos sexenios. Estévez Gamboa reconoció que su reparación será un proceso largo, pero remarcó la urgencia de iniciar acciones concretas para evitar mayores riesgos.En el ámbito administrativo, mencionó retrasos en la entrega de licencias federales, certificados de contaminantes, verificaciones físico-mecánicas y placas, debido a la falta de materiales. Sin embargo, aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se comprometió a regularizar estos trámites antes de finalizar el año.Dentro de los acuerdos alcanzados, se acordó la instalación de cámaras de seguridad en tramos carreteros sin señalización, monitoreadas a través de los sistemas C4 y C5, así como la clausura de alrededor de 680 accesos irregulares, programada antes del 31 de diciembre.En lo que respecta al campo, Estévez Gamboa indicó que se acordó reponer parte de la inversión realizada por los agricultores, reconociendo la importancia del sector frente a intereses industriales. Asimismo, se establecieron mesas técnicas para analizar la pignoración de granos como frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya, y se definieron mecanismos de acopio de maíz y frijol con la Secretaría de Alimentación para el Bienestar.Estas decisiones se consolidaron tras la desactivación de los bloqueos programados para el 18 de diciembre, luego de mesas de diálogo en la Ciudad de México con autoridades de Agricultura, Hacienda, Economía y Alimentación para el Bienestar, así como representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).Aunque los productores no lograron los precios de garantía inicialmente planteados, destacaron que los acuerdos representan un avance, ya que permitirán asegurar ingresos mínimos mediante pignoración sin perder la propiedad de las cosechas. El Estado asumirá los costos financieros y de almacenamiento, otorgando a los agricultores un plazo de hasta seis meses para comercializar sus productos en condiciones más favorables.Finalmente, Estévez Gamboa rechazó que el movimiento tenga fines políticos y enfatizó que busca proteger a los sectores más vulnerables. Anunció también la creación de grupos jurídicos dentro de ANTAC para atender cuestiones legales de los operadores, supervisar la seguridad social y evitar abusos laborales. Además, adelantó que otros sectores, como el de la salud y colectivos de madres buscadoras, han mostrado interés en sumarse a esta iniciativa social, con miras a consolidar una confederación más amplia. “Esto apenas comienza”, concluyó.
Transportistas y campesinos avanzan en sus demandas tras un mes de movilizaciones
