Xalapa, Ver.- Por un espacio de 90 días más serán revisados los informes de las cuentas públicas 2021, debido a que los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado determinaron que el Órgano de Fiscalización Superior realizó un trabajo deficiente en sus resultados.
Los diputados concluyeron que el trabajo del Orfis fue deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados por ello deberán realizar las adecuaciones pertinentes en los próximos tres meses.
De acuerdo con el presidente de ese equipo legislativo Rafael Gustavo Fararoni Magaña esto que se decidió, lo determinó la mayoría de los diputados y se otorgará ese plazo para que el Orfis efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia.
Los legisladores discutieron y aprobaron un dictamen en donde no se aprueba la cuenta pública, ese dictamen será sometido al pleno en los próximos días y no quiere decir que no se haya aprobado la Cuenta Pública, “tiene que discutirse en el pleno y la razón es dar un plazo de 90 días para hacer una mejora y todos los detalles que han surgido tanto por entes estatales o municipales se puedan subsanar”.
Agregó que: “el objetivo es hacer una mejor cuenta, sin el ánimo de politizar con montos estrepitosos o multimillonarios, los cuales generalmente no resultan en ninguna responsabilidad para nadie”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia confirmó que el dictamen ya fue votado por los integrantes del órgano y la presidencia de la Mesa Directiva definirá la fecha para su discusión, la cual debe de ser antes de que concluya el mes de octubre conforme lo marca la Ley de Fiscalización
“El caso es mejorarla; todo es con la intención de mejorar. Si tuviéramos la idea de que esto va a empeorar las cosas en lugar de mejorarles no lo hubiéramos hecho; todo es con la intención de mejorarla y por eso damos más tiempo”.
El diputado negó que existan divisiones al interior de la bancada y de la Comisión de Vigilancia, puesto que su intención como presidente es generar un trabajo exhaustivo que no genere quejas entre las diferentes bancadas.
Cabe decir que los diputados determinaron que en la nueva valoración, el Orfis deberá trabajar con las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.
Asimismo deberá emitir los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.
En el dictamen establecieron que se encontraron ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes, aparte de que en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el cincuenta por ciento del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos.
De la misma manera advirtieron que el porcentaje de las obras auditadas fue menor, lo que demostraría que no se realizó una auditoria eficiente respecto al uso de los recursos públicos; que se realizaron procesos de baja de bienes que, aún y cuando habrían sido ilegales, no se consideraron daño patrimonial a la hacienda pública, por ello resultaría lógico presumir que el total del informe pudiera resultar inexacto, e incluso, minimizado frente a un posible daño a la hacienda pública
Finalmente, según el documento, tampoco se encontraron acciones de coordinación entre el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación en temas vinculados con la fiscalización de fondos federales, tomando en cuenta que todos los entes fiscalizables cuentan en sus ingresos públicos con una cantidad considerable de fondos federales identificados al momento de realizar los informes, sin que, dentro de los estos, se encuentre el convenio de referencia ni tampoco los razonamientos que realizó el Órgano para poder realizar a fiscalización a estos recursos.