Orizaba, Ver.- El cancelar la construcción de las 12 ciudades judiciales, no sólo representa una afectación para los litigantes y la sociedad en general, sino también un grave problema para las finanzas del Poder Judicial del Estado porque se tendrían que pagar las penalizaciones por incumplimiento de contrato, señaló la presidenta del Foro Metropolitano de Abogados en Orizaba, Dulce María Romero Aquino.
En entrevista expuso que esta determinación es una muestra de la mala administración en el Poder Judicial.
“Vamos a seguir insistiendo en que se realice la Ciudad Judicial, nosotros los abogados y los justiciables no tenemos la culpa de la mala administración que ha tenido el Poder Judicial y que en este momento le recae a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz. Imagínate, ahora dice voy a cancelarlas, no quiero que se hagan y no ha pensado en penalizaciones que seguramente manejan las consultoras o con las empresas en su contrato”.
Detalló que como asociación de abogados insistirán en la necesidad de la construcción de la Ciudad Judicial para el distrito XV de Orizaba, pues tanto abogados como justiciables no pueden continuar en el abandono judicial.
Agregó que también habrán de emprender acciones legales. “La pregunta que viene de la mano es ¿Dónde está el dinero que ingresa al Poder Judicial? ¿Dónde queda? porque diariamente el poder recaba con las copias certificadas y multas, es mucho dinero”.