Río Blanco, Ver.- La intención del Ayuntamiento de Río Blanco de recuperar una parte del histórico Campo CIDOSA enfrenta una realidad jurídica que ha marcado el destino del inmueble durante décadas y que ha sido poco considerada en el debate público reciente.
Aunque el alcalde José Antonio May González informó que solicitó la intervención del Gobierno del Estado para analizar mecanismos que permitan rescatar una porción del predio con fines deportivos y sociales, existen antecedentes legales que condicionan cualquier decisión sobre el uso del terreno.
De acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, publicada el 22 de junio de 2020 bajo el folio 0610, el Congreso del Estado autorizó al Poder Ejecutivo estatal la enajenación a título gratuito y condicional de una superficie de 29 mil 849.553 metros cuadrados del inmueble conocido como Unidad Deportiva CIDOSA, a favor del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
La finalidad de dicha disposición fue la construcción de una sede educativa federal, por lo que una parte del terreno quedó formalmente destinada a ese propósito mediante su desincorporación y transferencia legal.La situación se complejiza al considerar que el Ayuntamiento de Río Blanco nunca ha sido propietario del predio.
Documentos oficiales establecen que el terreno fue adquirido el 16 de junio de 1939 por la Compañía Industrial de Orizaba (CIDOSA), empresa propietaria de la antigua fábrica textil.Posteriormente, el inmueble fue expropiado en 1991 durante la administración del entonces gobernador Dante Delgado Rannauro, pasando a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz.A partir de esa expropiación, el predio quedó bajo control estatal, condición que permitió que en 2020 se autorizara la donación de una fracción del terreno para la instalación de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, durante la administración estatal encabezada por Cuitláhuac García Jiménez.
La transferencia legal se formalizó debido a que el Gobierno del Estado era el propietario del inmueble y, por lo tanto, la única instancia con facultades para disponer de él. En ese sentido, cualquier intento de recuperación del espacio debe considerar no solo la voluntad política, sino también los actos jurídicos previamente aprobados por el Congreso local.La controversia en torno al Campo CIDOSA se ha mantenido durante años debido a los reclamos de exobreros de la extinta fábrica textil, quienes aseguran tener un vínculo histórico con el predio.
En este contexto, cualquier intento de recuperación o reasignación del Campo CIDOSA requerirá una revisión exhaustiva de los antecedentes legales existentes, así como acuerdos con el Gobierno del Estado y las instancias federales involucradas, en un proceso que no es inmediato ni únicamente administrativo. de Río Blanco.