Orizaba, Ver.- Integrantes del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO) se inconformaron este martes frente a las oficinas de Transporte Público, ubicadas en Poniente 7 en la ciudad de Orizaba, para exigir la liberación de una unidad detenida durante los recientes operativos implementados por la Dirección General de Transporte del Estado.
En entrevista el asesor de la agrupación, Jairo Guarneros Sosa, afirmó que el gremio no se opone a las revisiones ni a los operativos de supervisión documental; sin embargo, demandó que estos se realicen con criterio y bajo el principio de “piso parejo”. “El problema no es que revisen, sino que se nos mida con una vara distinta mientras otras irregularidades se toleran”, sostuvo.
Explicó que el operador retenido realizaba un trámite de transferencia y contaba con autorización reciente del Gobierno del Estado, emitida el 18 de febrero, para prestar el servicio. No obstante, por una presunta confusión en la ventanilla única en Xalapa, la unidad aún no aparecía registrada formalmente al momento del operativo. “Hay constancia de que el compañero estaba haciendo su trámite. Fue un error administrativo, no un acto clandestino”, precisó.
El dirigente cuestionó que mientras se sanciona a taxistas por inconsistencias en trámites, se permita la operación de otros servicios que aseguró, no cuentan con autorización formal de Transporte Público, incluidos autobuses administrados por el Ayuntamiento de Orizaba que prestan servicio gratuito y los vehículos particulares que operan mediante plataformas digitales sin haber concluido procesos de autorización estatal. “Si se va a aplicar la ley, que se aplique para todos. No puede haber tolerancia para unos y mano dura para otros”, subrayó.
Otro de los reclamos centrales es el retraso en la expedición de placas y avisos de emplacamiento en las regiones de Orizaba y Córdoba. Según la agrupación, existen demoras de hasta cuatro o cinco meses, lo que ha generado que algunas unidades circulen con permisos vencidos o en espera de regularización.
Dentro de GRITO, estiman que entre 30 y 50 taxis enfrentan esta situación, además de casos relacionados con sucesiones intestamentarias que quedaron inconclusas durante el proceso de reemplacamiento. “El taxi es una herramienta de trabajo. No pueden pedir que una unidad permanezca detenida medio año mientras se resuelven trámites burocráticos. Las familias dependen del ingreso diario”, expresó.
Tras la protesta, se acordó revisar el caso de la unidad retenida para buscar su regularización y sostener una reunión formal con el director de Transporte, a fin de establecer mecanismos que eviten nuevas inconformidades durante los operativos.
El dirigente advirtió que el gremio está dispuesto al diálogo, pero también a movilizarse si persiste lo que consideran una aplicación selectiva de la ley. “Cuando la ley se aplica de manera selectiva, deja de ser aplicación y se convierte en utilización”, concluyó.
Taxistas de GRITO se manifiestan en Orizaba; exigen “piso parejo” en operativos de Transporte Público
