Fue sancionada por 10 años por una falta administrativa grave
El fallo no se ejecuta por la omisión de los diputados estatales.
Tlilapan, Ver.- En una decisión que evidencia fallas en el sistema de rendición de cuentas, la Síndica del Ayuntamiento de Tlilapan, Jovita Cortés Guzmán, fue inhabilitada por diez años para ejercer cualquier cargo público, pero debido a la inacción del Congreso del Estado, la funcionaria mantiene su puesto y continúa percibiendo su salario con cargo al erario municipal.La sanción fue impuesta el pasado 10 de diciembre de 2024 por la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, la cual declaró a Cortés Guzmán responsable de una falta administrativa grave, por lo que el fallo, con número de expediente PRA/01/2023/SRC-IX, establece que la inhabilitación regirá del 3 de septiembre de 2025 al 2 de septiembre de 2035.La sentencia se originó porque la síndica se negó a entregar la firma electrónica avanzada del municipio a la Tesorería Municipal, lo cual tuvo consecuencias graves, al impedir el cumplimiento de obligaciones fiscales del ayuntamiento, lo que generó actualizaciones, recargos y un daño patrimonial cuantificado a la Hacienda Pública de Tlilapan.A pesar de que la resolución fue notificada al Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jaime López Montalvo, la destitución efectiva de la síndica depende del Congreso del Estado, por lo que el presidente municipal solicitó formalmente a las comisiones legislativas de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales que calificaran la falta y procedieran con la remoción.Sin embargo, a más de un mes de la notificación, el Poder Legislativo no ha tomado acción alguna, generando un vacío legal la ejecución de la sanción y, de manera paradójica, permite que Jovita Cortés Guzmán siga cobrando su sueldo, a pesar de estar legalmente inhabilitada para el servicio público.Especialistas consultados advierten que la inacción del Congreso podría constituir una omisión en sus facultades de fiscalización y control sobre los servidores públicos municipales. La «inhabilitación por delito grave» implica que, durante una década, la funcionaria no podrá ocupar ningún cargo público, una sanción que queda en papel mojado mientras no sea destituida.
