Orizaba, Ver.- Quien debió haber indicado la cancelación de la edificación de las ciudades judiciales era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, no el gobernador, pues con eso sólo queda en evidencia que no se maneja con total autonomía este poder, aseguró el presidente del Colegio de Abogados «Silvestre Moreno Cora», Hugo Solano García.
En entrevista expuso que todavía hasta el fin de semana la magistrada apuntó que el tema estaba en análisis y este lunes el gobernador sale a dar pormenores de esta situación.
«La comunicación y la decisión sobre el tema lo tendría que haber hecho la titular de Poder Judicial no el mandatario estatal. Esto nos da la lectura de que el Poder Judicial está sometido al Poder Ejecutivo».
Aseguró que en caso de que cancelen las ciudades judiciales, pues que lo digan y ya, pero insistió el anuncio debe ser de parte del Poder Judicial.
«Recordemos que el Tribunal es autónomo, pero al anunciar el gobernador que están canceladas, pues con eso se evidencia la forma de gobernar».
Resaltó que es un error no construir las ciudades judiciales pues los diferentes distritos las necesitan, además de que quedan interrogantes sobre el presupuesto que se había destinado a estos edificios.
«Si hubo daño patrimonial ya pasaron años como para que hubieran ejercitado alguna acción para recuperar ese dinero».
Es de recordar que todavía este fin de semana, la magistrada presidenta declaró que el tema de las ciudades judiciales estaba en análisis y que se tomarían una decisión no personal, sin embargo el mandatario estatal, informó que con la cancelación de 10 ciudades judiciales, se generará un ahorro para el Poder Judicial de Veracruz por el orden de 2 mil 421 millones 850 mil 704 pesos, mismos que se podrán utilizar para la modernización de la institución o para temas de mayor urgencia, además de que pese a la cancelación de estos proyectos, sí se construirán ciudades en Orizaba y Minatitlán, como abogados exigían.