Orizaba, Ver.- La Asociaci\u00f3n Nacional de Transportistas (ANTAC) anunci\u00f3 que promover\u00e1 una serie de amparos para proteger a sus agremiados ante cualquier intento de proceso legal o carpeta de investigaci\u00f3n derivada de las movilizaciones realizadas el pasado 24 de noviembre.En entrevista \u00c1lvaro Mart\u00ednez Aguilar, director jur\u00eddico nacional de la ANTAC, afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n surge tras las amenazas p\u00fablicas de la Presidenta de la Rep\u00fablica, de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n federal y de autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz.Mart\u00ednez explic\u00f3 que los transportistas no exigen dinero ni buscan beneficios particulares, sino que mantienen un reclamo leg\u00edtimo que llevan a\u00f1os intentando resolver sin respuesta del Gobierno federal, por lo que asegur\u00f3 que las demandas est\u00e1n enfocadas en mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras, crear una fiscal\u00eda especializada en accidentes y delitos viales, y retirar los retenes de la Polic\u00eda Ministerial y Estatal, los cuales son se\u00f1alados por presuntas extorsiones y por generar riesgos innecesarios durante los traslados.El representante legal sostuvo que la protesta del 24 de noviembre no fue un bloqueo total y que en ning\u00fan momento se paraliz\u00f3 el flujo vehicular, por lo que no procede considerarla un delito federal, como han sugerido algunas autoridades. Acus\u00f3 al Gobierno federal de intentar desprestigiar el movimiento al insinuar v\u00ednculos partidistas entre los transportistas y record\u00f3 que incluso dentro de Morena existen operadores, campesinos y ciudadanos que respaldan esta lucha porque padecen los mismos problemas en carretera.\u00c1lvaro Mart\u00ednez advirti\u00f3 que las amenazas gubernamentales no s\u00f3lo buscan intimidar, sino que podr\u00edan abrir la puerta a riesgos mayores, como desapariciones forzadas o agresiones contra l\u00edderes sociales, tal como ha ocurrido en otros casos. Por ello, explic\u00f3 que los amparos se presentar\u00e1n de manera preventiva para resguardar la integridad de los participantes y garantizar su derecho a manifestarse sin represalias.Calific\u00f3 como grave error que desde el poder p\u00fablico se intente amedrentar a la ciudadan\u00eda y destac\u00f3 que las autoridades est\u00e1n obligadas a escuchar demandas que benefician a toda la poblaci\u00f3n, no \u00fanicamente al sector transportista. Reiter\u00f3 que no se trata de un movimiento pol\u00edtico, sino de una exigencia general por mayor seguridad y justicia en las carreteras del pa\u00eds.Mart\u00ednez a\u00f1adi\u00f3 que las tres propuestas que mantienen sobre la mesa son simples, leg\u00edtimas y orientadas a la protecci\u00f3n de millones de usuarios de las v\u00edas federales y estatales. Se\u00f1al\u00f3 que, una vez que se otorguen las primeras suspensiones provisionales, quedar\u00e1 claro que los transportistas han actuado dentro de la legalidad y que sus movilizaciones responden a un derecho constitucional.Concluy\u00f3 que la ANTAC continuar\u00e1 su lucha por una atenci\u00f3n real a la problem\u00e1tica carretera y advirti\u00f3 que no permitir\u00e1n que intentos de intimidaci\u00f3n desvirt\u00faen su movimiento ni silencien sus demandas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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